Al alegar presiones para que «abandone sus aspiraciones políticas» rumbo a 2024 y que tiene información anónima de que PRI y PAN quieren «fabricar acusaciones en su contra», el Gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, obtuvo para él y toda su familia una suspensión de amparo que evita su aprehensión.
El recurso se lo otorgó Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en Reynosa, y blinda a García, a sus padres, Samuel Orlando García Mascorro y Bertha Silvia Sepúlveda; sus hermanos, Silvia Catalina, Ana Cecilia y Roberto Miguel; su esposa Mariana Rodríguez; sus suegros, Jorge Gerardo Rodríguez y Luisa María Cantú, y sus cuñados Jorge y Eugenia Rodríguez Cantú, así como al esposo de su cuñada, David Sánchez Quintanilla, contra la ejecución de órdenes de aprehensión y audiencias en procesos penales.
La protección otorgada dentro del juicio 2063/2023-V aplica para que las Fiscalías federales y locales, el Poder Judicial del Estado, jueces de control y juzgados de distrito de Nuevo León y Coahuila no puedan actuar en contra de todos ellos.
Esas autoridades judiciales ya empezaron a ser notificadas de la suspensión.
Ésta no es la primera vez que un Juez tamaulipeco otorga suspensiones al Mandatario emecista, pues antes recibió tres del Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez, también con sede en Reynosa.
Miguel Ángel Flores, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, y Miguel Ángel Sánchez, líder estatal de Movimiento Ciudadano y ex director del DIF Nuevo León, también obtuvieron una suspensión con un Juez de Reynosa.
En su demanda, éstos alegaron recurrir al juzgado tamaulipeco porque el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado y los jueces federales de Coahuila y Nuevo León, son «controlados» por el PRI y el PAN.
Esos mismos argumentos los dio Samuel García para lograr la suspensión que le otorgó el Juez Séptimo de Distrito, pues considera que estaría en riesgo ante el empleo de las instituciones de justicia con fines políticos.
El Gobernador argumentó una evidente persecución o represión política contra él y sus familiares como consecuencia de su pugna con el PRI y PAN y del «hecho notorio» de que está dentro de los políticos presidenciables por Movimiento Ciudadano y quieren impedirle participar.
Acusa que elementos de la Fiscalía General y de la Auditoría Superior del Estado continuamente acuden a dejar notificaciones al Palacio de Gobierno y han advertido que, con fuero o sin él, «lo van a atorar en el bote» y a chingar a su familia.
«Se busca presionar al quejoso para que abandone sus aspiraciones políticas», establece el juez, «ello a través de la persecución de sus familiares (con la) posible orden de detención. presentación y/o aprehensión que se ordene librar y ejecutar».
«Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados», agrega, «para el efecto de que, por una parte, cese cualquier acto de persecución o represión política de los quejosos debiendo suspenderse la celebración de cualquier audiencia inicial solicitada por las Fiscalías responsables debiendo informar lo anterior a los jueces de control».
García también consiguió que se les permita el acceso a todas las carpetas contra él y sus familiares.
AGENCIA REFORMA.