Una investigación exhaustiva ha sacado a la luz una presunta triangulación de al menos 202.9 millones de pesos entre un proveedor, una empresa «hermana» y un despacho jurídico vinculado al Gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta maniobra se habría implementado desde el inicio de la actual Administración en octubre de 2021. La empresa Suministro MYR habría facturado al Gobierno del estado un total de 964.7 millones de pesos por servicios de alimentación en diversas instituciones públicas y eventos. Posteriormente, MYR habría transferido 237.2 millones de pesos a su empresa «hermana», Proveedor de Productos Mexicanos Jace, bajo el pretexto de servicios de administración corporativa. Finalmente, Jace habría pagado 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del cual el Gobernador Samuel García forma parte, por concepto de honorarios por servicios profesionales, sin especificar los servicios recibidos.
Este esquema ha levantado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos. Los pagos al despacho del Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, comenzaron apenas 11 días después de iniciada la Administración de García, según los registros.
A pesar de las solicitudes de información, el Registro Público local ha negado la divulgación de los movimientos de las sociedades civiles vinculadas al Gobernador, argumentando falta de archivos. Sin embargo, documentos muestran que el despacho fue creado por el Gobernador y su padre en mayo de 2014.
Además, en sus declaraciones patrimoniales de 2021, 2022 y 2023, el Mandatario estatal ha reconocido tener una participación del 50 por ciento en este despacho y que parte de sus ingresos provienen de esta empresa.
Esta investigación arroja luz sobre posibles prácticas cuestionables en el manejo de contratos gubernamentales y pone en entredicho la transparencia y la ética en la Administración pública de Nuevo León. Las autoridades correspondientes deberán investigar a fondo estos hallazgos y tomar las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos.