El Gobierno estatal de Nuevo León ha anunciado su intención de presentar una reforma legal a nivel federal para obtener atribuciones contra empresas contaminantes que actualmente están bajo la jurisdicción de la Federación, destacando específicamente la Refinería de Pemex en Cadereyta.
Ulises Carlín, Consejero Jurídico del Gobernador, informó que después de entregar una iniciativa para modificar la Ley Ambiental del Estado en el Congreso local, están preparando otra propuesta que será enviada al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Contrariamente a lo sugerido por algunos expertos y Diputados locales que abogaban por una modificación a la Constitución federal, Carlín argumentó que no consideran necesario realizar dicha modificación en este momento. «Creemos que no es necesaria de momento una modificación a la Constitución», afirmó, señalando que las facultades exclusivas de la Federación ya están contempladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El enfoque principal se centra en la modificación del artículo 111 Bis de dicha ley, el cual establece que las fuentes fijas de jurisdicción federal incluyen diversas industrias como la química, del petróleo, automotriz, entre otras. La propuesta busca permitir la intervención de las entidades federativas en estas jurisdicciones.
Ulises Carlín destacó la importancia de actuar con rapidez y mencionó que la modificación propuesta evitaría el largo proceso de modificar la Constitución, como se había sugerido anteriormente.
Paralelamente, Alfonso Martínez Muñoz, Secretario de Medio Ambiente estatal, ratificó en la FGR la denuncia penal contra la Refinería de Cadereyta por emisiones contaminantes. Exigió información detallada sobre licencias, manifestaciones de impacto ambiental, y otras documentaciones relacionadas con las actividades de la planta. Además, solicitó información sobre la producción y residuos generados por la refinería en los últimos años.