Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un preocupante 27 por ciento de las mujeres mexicanas ha experimentado violencia económica o patrimonial en sus vidas, revelando una posición de desventaja que las coloca en situaciones de riesgo, advierten expertos.
La violencia económica, definida como el ejercicio de poder contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente, se sitúa como el tercer tipo de violencia más prevalente, después de la psicológica y la sexual, con un 34.7 y 27.4 por ciento, respectivamente. A pesar de su impacto, la violencia económica a menudo pasa desapercibida, ya que no deja rastros físicos como otros tipos de violencia más visibles.
Andrea Larios, investigadora del programa Justicia Fiscal de Fundar, señala que este fenómeno está vinculado a las mujeres que desempeñan un mayor trabajo no remunerado, haciéndolas más vulnerables económicamente. Marcela Muñoz, subdirectora de Análisis Fundamental en Vector Casa de Bolsa, destaca que esta forma de violencia suele ocurrir en el ámbito doméstico, donde se ejerce control sobre el uso de los recursos económicos.
La violencia económica puede variar en magnitud, desde restricciones para hablar abiertamente sobre las finanzas del hogar hasta la negación de acceso a recursos para inversiones o salud. Según Muñoz, «un grado más violento es que de plano no tengas acceso al dinero que se genera».
Andrea Larios subraya que la violencia económica no solo afecta la estabilidad financiera de las mujeres, sino que también atenta contra su libertad, lo que puede contribuir a la perpetuación de otras formas de violencia, como la física o psicológica. Larios destaca la importancia de abordar la dependencia económica como un factor clave para romper el ciclo de violencia.
Ambas expertas coinciden en la necesidad de implementar medidas que aborden este problema de raíz. Larios aboga por la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y distribuya el trabajo de cuidados no remunerado. Muñoz sugiere ampliar los permisos de paternidad como una medida que podría fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral formal y reducir la dependencia económica.
La violencia económica, aunque silenciosa, se revela como un desafío crucial que requiere atención y acción inmediata para garantizar la equidad y seguridad de las mujeres en México.