En una movida que ha generado controversia y debate, el Gobierno Federal ha anunciado la disposición y repartición de las eventuales ganancias de las empresas bajo control militar en el país. Esta medida ha sido delineada en el marco de la creación del nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB), un paso significativo en la estrategia gubernamental para garantizar el bienestar de las fuerzas armadas y promover la seguridad social.
Según lo establecido en la reforma para la creación del FPB, el 25 por ciento de las posibles ganancias de estas empresas se destinará a financiar el nuevo plan de pensiones, mientras que el 75 por ciento restante se canalizará al régimen de pensiones de la milicia. Anteriormente, el 25 por ciento de estas ganancias estaba designado para fondear las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, uno de los puntos críticos que no aborda el decreto es qué sucederá en el caso de que las empresas bajo control militar no obtengan utilidades. Para el año 2024, se ha revelado que estas empresas han solicitado subsidios por un monto de 22 mil 278 millones de pesos, sin incluir los 120 mil millones necesarios para la conclusión del proyecto del Tren Maya.
Entre las empresas controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Grupo Olmeca-Maya-Mexica, que actualmente administra la aerolínea Mexicana, así como una serie de aeropuertos y hoteles en la península de Yucatán. Por su parte, la Secretaría de Marina controla el Tren Transístmico, la empresa Turística Islas Marías y Grupo Casiopea, entre otros activos.
A pesar de las ganancias potenciales que algunas de estas empresas podrían generar, hay incertidumbre sobre la viabilidad financiera de otras, especialmente aquellas que dependen en gran medida de la inversión pública y de proyectos gubernamentales como el Tren Maya.
La decisión del Gobierno Federal ha generado críticas y preguntas sobre la transparencia y la gestión de recursos públicos, especialmente en un contexto donde se debate la eficiencia y el impacto de la participación militar en actividades económicas.