Los gobernadores de los 32 estados de México han hecho un llamado urgente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, instándola a que el máximo tribunal conserve la figura de la prisión preventiva oficiosa en el sistema legal mexicano. En una carta dirigida a la presidenta de la SCJN, los mandatarios expresaron su preocupación de que la eliminación de esta figura pondría en riesgo la seguridad pública del país y afectaría gravemente a testigos y víctimas de delitos graves.
«La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos», señalaron los gobernadores en la carta. Argumentaron que esta medida es fundamental para proteger a las víctimas, evitar la impunidad y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Los gobernadores destacaron que la prisión preventiva oficiosa se utiliza en casos de delitos de alto impacto y de clara repercusión social, donde otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado o proteger a la víctima y a los testigos.
Además, advirtieron sobre el colapso del sistema judicial que podría resultar si se eliminara esta medida, ya que los tribunales federales se verían sobrecargados con la necesidad de revisar cada solicitud de modificación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Los gobernadores también expresaron su preocupación de que eliminar esta figura en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vulneraría la Constitución mexicana, al subordinarla a un acuerdo internacional.
La carta fue enviada bajo la figura de amicus curiae (amigos de la Corte), con la esperanza de que los ministros de la SCJN consideren sus argumentos al debatir el proyecto. Los gobernadores hicieron un llamado respetuoso a la SCJN para que tome en cuenta las graves consecuencias que una decisión adversa tendría en la seguridad y gobernabilidad del país.
Según el calendario establecido por la SCJN, la prisión preventiva oficiosa será discutida a partir del próximo 10 de junio, un debate crucial que determinará el futuro del sistema judicial y la seguridad pública en México.