Luego de que el Tribunal Electoral obligó al INE a cambiar las fechas de precampaña, consejeros electorales alertaron que la fiscalización de gastos de los precandidatos tendrá complicaciones.
El Consejo General del Instituto aprobó que las precampañas, para que los partidos seleccionen a sus candidatos a la Presidencia, Senado y Diputados, comiencen el 20 de noviembre del 2023 y concluyan el 18 de enero del 2024.
Esto, pese a que seis de los siete partidos ya tienen candidatas presidenciales, pero aprovecharán la precampaña para seguir promoviéndose.
«No coincido que esta etapa se extienda hasta el 18 de enero, porque llevar las precampañas al máximo día permitido por la ley pone en riesgo una de las tareas más importantes que es la fiscalización.
«Hacer la revisión del origen y destino de los recursos durante esta fase es crítica para el sistema democrático, no sólo porque es fundamental salvaguardar la equidad en la contienda futura, sino porque también se debe impedir la actualización de fuentes de financiamiento indebido, entonces es crítico este tema», advirtió el consejero Martín Faz.
El INE había definido que el plazo de precampaña fuera del 5 de noviembre al 3 de enero, al ajustar el calendario, los plazos para la fiscalización se reducen de 57 días a 40 días.
La propuesta de modificación la hizo la presidencia del INE, y su titular, Guadalupe Taddei, quien argumentó que, como lo hizo el Tribunal, se salvaguarda, por encima de todo, los derechos de los partidos políticos.
«Creo que rescata el espíritu de los intereses, derechos y autogestión de los partidos políticos, y también al alto compromiso de este Instituto por salir adelante en condiciones no normales», argumentó.
El acuerdo de la presidenta alcanzó seis votos a favor contra cinco de consejeros, que lamentaron que a los partidos no se les redujeran días en la presentación de sus informes.
El consejero Uuc-Kib Espadas, quien avaló la propuesta, argumentó que esto implicará que el INE contrate a más personal para las labores de fiscalización, pues reconoció que tres días para la Unidad de Fiscalización representan el 20 por ciento del trabajo.
El consejero Jaime Rivera aseguró que no basta con contratar a más personal, sino capacitarlo para que pueda garantizar una fiscalización exhaustiva; además, reclamó que serán imposibles los tiempos para que los consejeros revisen miles de informes en dos días.
«No basta tener la voluntad de hacer todo más rápido, no basta el clásico de ‘hay que echarle ganas’, hay que ser realistas y responsables», reclamó.
Por su parte, Carla Humphrey afirmó que el Tribunal les dejó «un gran problema».
Los consejeros advirtieron que la fiscalización impacta en otras etapas, pues los tiempos quedaron muy limitados para que los aspirantes sancionados recurran al Tribunal, además de que podrían quitar registros cuando ya fueron inscritos.
Durante la sesión del Consejo, se proponía reducir siete días la precampaña, para que no fuera de 60 días, pero todos los partidos se opusieron.
AGENCIA REFORMA.