Un tribunal federal dio por terminado el caso contra Daniel Pérez Rueda, ex director general adjunto de Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública(SFP), por la pérdida de la investigación administrativa de la «Casa Blanca», un fallo que evitó que pagara 2.2 millones de pesos.
Al negarle un amparo a la SFP, el Sexto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México validó en última instancia la suspensión condicional del proceso en favor del ex funcionario, sin pagar la millonaria reparación del daño que exigía la contraloría federal, de acuerdo con el fallo al que se tuvo acceso.
La suspensión condicional del proceso es una salida alterna en el sistema penal acusatorio, mediante la cual un imputado puede concluir su procedimiento de manera anticipada, con un plan de reparación del daño integral, sin ser llevado a juicio ni sentenciado.
La SFP había pedido que le impusieran a Pérez Rueda el pago de una reparación de 2 millones 225 mil 331 pesos y obligarlo a que pidiera una disculpa pública a través de un medio de comunicación nacional, a cambio de esta salida anticipada, pero la dependencia no consiguió su objetivo.
El tribunal colegiado confirmó la sentencia de la magistrada Gabriela Rodríguez Escobar, quien dijo que la SFP nunca explicó cuáles eran los rubros en los que se basó para cuantificar la cantidad de la reparación del daño que reclamaba.
Dicha impartidora de justicia además sentenció que el tipo de disculpa pública exigida al ex funcionario era desproporcionada y violatoria del derecho a la presunción de inocencia.
La Función Pública impugnó la negativa de la magistrada Rodríguez ante el colegiado, pero éste concluyó que ninguno de los planteamientos de la dependencia eran fundados, porque sólo se opuso al fallo sin argumentar su postura en forma debida.
«(La SFP) enfocó su trabajo argumentativo en demostrar su derecho a la reparación del daño integral con motivo del delito, así como a combatir algunas de las consideraciones de la sentencia de apelación que reclama, lo que conlleva la inoperancia de sus agravios», dijo.
Además de Pérez Rueda, otro ex funcionario que consiguió la suspensión condicional del proceso, sin reparación del daño, fue José Gabriel Carreño Camacho, quien fuera subsecretario de la SFP en el sexenio pasado.
Dichos ex servidores públicos, junto con Jesús Antonio Suárez Hernández, director general de Denuncias e Investigaciones, fueron vinculados a proceso el 9 de marzo de 2021 por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
A los tres les atribuyeron haber sido omisos ante la sustracción del expediente de la casa adquirida en las Lomas de Chapultepec por Angélica Rivera, ex esposa del Presidente Peña.
El 14 de julio de 2022 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte le concedió a Pérez Rueda la salida anticipada del proceso sin un plan de reparación del daño.
Por esa razón la SFP peleó en apelación y luego en amparo la imposición de una indemnización de 2.2 millones para el ex funcionario, sin conseguirlo.
AGENCIA REFORMA.