El Instituto Nacional Electoral (INE) ha confirmado que, de las 200 candidaturas que han solicitado seguridad al Gobierno federal en el marco del proceso electoral 2023-2024, cuatro corresponden a aspirantes de Jalisco a cargos de elección popular.
Según reveló la Junta Local del INE en Jalisco, estas solicitudes comprenden dos candidaturas a diputaciones, una a la Presidencia Municipal y otra a la Gubernatura. Aunque el INE no ha proporcionado nombres para salvaguardar la seguridad de los solicitantes, la semana pasada la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, confirmó que el Gobierno federal le asignó seguridad a cargo de elementos del Ejército Mexicano.
La Secretaría de la Defensa Nacional tomó esta decisión tras dictaminar que la abanderada del PAN, PRI y PRD se encontraba en una situación de «vulnerabilidad». Este hecho refleja las tensiones y los riesgos asociados al proceso electoral en Jalisco, que ya ha sido marcado por la violencia.
El 15 de marzo, Humberto Amezcua, quien sería el candidato de PAN-PRI-PRD a la Alcaldía de Pihuamo, fue asesinado. Amezcua, quien buscaba la reelección, era Presidente Municipal con licencia de Pihuamo.
El 1 de febrero, dos meses antes del inicio de las campañas municipales, Jaime Vera Alaniz, precandidato del Verde Ecologista a la Alcaldía de Mascota, fue asesinado en Zapopan. Aunque la Fiscalía del Estado consideró que el móvil del crimen podría haber sido un intento de robo de vehículo, este suceso se suma a los 84 casos de violencia política registrados desde 2018.
En medio de estas circunstancias, el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, expresó su descontento por no haber sido convocado a la Mesa de Seguridad del Gobierno de Jalisco, donde se discuten temas relacionados con la seguridad electoral. El Gobierno estatal anunció que los integrantes de la mesa acordaron sujetarse al protocolo de protección de candidaturas establecido por el Gobierno federal el 5 de abril.