Representantes patronales y Magistrados laborales coincidieron en la necesidad de reducir la jornada laboral en el País, pero difirieron sobre el cómo y cuándo.
Durante la primera sesión del Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados para analizar la reforma constitucional que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral, representantes de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron que la propuesta implicaría costos que ninguna empresa sería capaz de enfrentar.
En contraste, Magistrados laborales se pronunciaron por aprobar la reforma ya, pero considerando un periodo de gracia de un año para su implementación, la obligación de los patrones de capacitar a sus empleados y exenciones fiscales, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que el impacto de la iniciativa implicaría reducir de 48 a 37.5 horas la jornada en empresas que realizan sus actividades productivas en tres turnos: diurno, mixto y nocturno, como las del sector manufactura.
Detalló que dicha reducción requeriría que se cubran 105 millones de horas laborales y la contratación de cuando menos 2.6 millones de trabajadores.
Roel señaló que el costo por tiempo extra y por concepto de días de descanso tendría un impacto anual aproximado de 360 mil millones de pesos, lo que sería prácticamente imposible de cubrir.
«El alto impacto de las iniciativas en materia de reducción de jornada laboral aplicable a todas las actividades productivas no generaría mayor productividad ni mayor descanso para los trabajadores como erróneamente se ha verbalizado, sino que impactaría en pago de tiempo extra y días de descanso laborales, que incrementará los costos laborales entre un 25 y 40 por ciento en algunos de los casos que, en consecuencia, provocaría el incremento en los precios de productos y servicios y, en consecuencia, impactaría la economía de México», afirmó.
El especialista llamó al Legislativo a actuar con responsabilidad y a discutir en qué sectores puede reducirse de forma paulatina la jornada laboral, de qué forma y cuáles serían las excepciones.
Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, recordó que los verdaderos empleados del país son las Mipymes, porque generan más del 72 por ciento del empleo formal y más del 52 por ciento del PIB, por lo que pensar que todos los empleadores tienen miles de trabajadores es una premisa equivocada.
El especialista en derecho corporativo advirtió que, como está planteada, no es momento de aprobar la reforma.
Dijo que en las Mipymes el diagnóstico es que ésta ocasionará un aumento en la informalidad, una caída en la recaudación del ISR y la reducción en el pago de cuotas de seguridad social, así como un aumento en la nómina de entre 35 y 40 por ciento.
«No hay ningún empleador o empresa en el país que pueda absorber ese costo sin que se vea reflejado en un aumento en el costo de productos y lo último que queremos como país es que vuelva a aumentar la producción», advirtió.
Barbosa coincidió en el llamado a los legisladores a reflexionar de manera seria la propuesta, ser más responsables y dejar de seguir dividiendo al país.
El Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Judicial, Héctor Arturo Mercado López, se pronunció a favor de aprobar la reforma ya, con un plazo de gracia para su implementación de un año y con la obligación de capacitación por parte de las empresas hacia sus trabajadores.
Indicó que en la mayoría de los países se está discutiendo la pertinencia de reducir a menos de 40 horas la jornada laboral, mientras que en México se sigue analizando si se reduce o no la jornada laboral de 48 horas, a pesar de que es una decisión que debió tomarse hace 40 años.
«Hay consenso en eso (la necesidad de la reforma), el problema es cuándo y cómo. ¿Cuándo? Mi opinión personal es ya. ¿Algún plazo de gracia? Sí. ¿Cuánto? Para mí un año, con una obligación incorporada en la ley: capacitación para los trabajadores en todas las empresas, para quien incremente su productividad», indicó.
El Magistrado subrayó la necesidad de limitar también el fenómeno de las horas extras, porque ha sido una «peligrosísima» trampa el que las primeras nueve horas le corresponda a los patrones aprobarlas y las demás al trabajador, ya que ha redundado en que muchas de esas horas sean laboradas sin pago alguno.
«No volteemos la cara, el panorama es mucho más amplio que decir productividad, es hablar de seguridad social, de salud, de dignidad para el trabajador», reiteró.
La presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, María del Rosario Jiménez, también se manifestó a favor de la reforma no sólo porque promueve que los costos de las empresas no se pasen a los trabajadores, como siempre ha sucedido, sino porque no es posible la continuación de una jornada laboral de 48 horas, cuando en países con mayor productividad que México hablan de 32 horas diarias.
Coincidió en que es necesario cuidar a las pequeñas y medianas empresas, pero las demás tienen que sujetarse a las reglas. Llamó también a vincular a los empleadores a través de plataformas.
Jiménez agregó que además del año de gracia propuesto por su antecesor, la reforma debe considerar exenciones fiscales para que las Pymes, que dan el 85 por ciento del salario del país, puedan salir adelante.
«Habría que pensar entonces en hacer este intercambio importante con las Pymes, vincular a las empresas de plataforma que tienen 61 trabajadores y más y pensar muy seriamente en que la productividad se va a elevar en el sentido de que este entramado de tapices del siglo 17, se pueda conformar en estas dimensiones física, mental y anímica», dijo.
AGENCIA REFORMA.