La Fiscalía General de la República (FGR) anunció de manera contundente su rechazo a la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, quienes fueron puestos en libertad por la decisión de la Jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo y Magistrados del tribunal colegiado. La FGR aseguró que impugnará esta determinación con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución expresó su desacuerdo con la resolución judicial, calificándola de «notoriamente injusta». La FGR sostiene que la decisión concedió ventajas indebidas a los ocho miembros de las Fuerzas Armadas acusados de delitos graves relacionados con la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en el caso conocido como Ayotzinapa.
La fiscalía argumentó que la jueza y los magistrados desconocieron resoluciones previas que determinaron la prisión preventiva justificada para los militares mencionados. Además, criticó la repetición de esta conducta procesal, la cual considera injusta, especialmente en casos de trascendencia nacional o importancia política, señalando que algunos medios la utilizan de manera parcial y engañosa.
La liberación de los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, quienes enfrentaban cargos por desaparición forzada, ha generado controversia. La jueza de distrito del Estado de México emitió la orden el 21 de enero, permitiendo que los acusados lleven su proceso en libertad condicional.
De acuerdo con la decisión judicial, los militares deberán cumplir con ciertas condiciones, entre ellas el pago de una multa de 50 mil pesos, la firma periódica ante el juzgado, la retención de pasaporte y la prohibición de entrar al estado de Guerrero y acercarse a las víctimas.
Cabe destacar que en una investigación previa, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia concluyó que los militares intercambiaron mensajes con miembros del cártel Guerreros Unidos, lo que motivó a instar a una profunda investigación sobre las fuerzas armadas en relación con el caso Ayotzinapa.