Morelos entre los siete estados con red de explotación sexual infantil en escuelas

Desde 2001 la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) ha documentado la operación de grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil al interior de escuelas públicas y privadas, en al menos siete estados.

En su informe ‘Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas‘ la ODI define los abusos que ha documentado en al menos 18 instituciones educativas como:

Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar.”

Más de un centenar de menores ha sido víctima de abusos y agresiones sexuales y pornografía infantil en preescolares y primarias, sin que se sepa si las autoridades investigaron a fondo los casos o realizaron detenciones.

La Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca son las entidades donde se tiene registro de agresiones de índole sexual contra alumnos menores de edad.

ODI detalla que los perpetradores han sido maestros, directivos, personal de intendencia e inclusive el hijo adolescente de un profesor. En tanto, los abusos han sido cometidos en baños, salones de clase, la oficina del o la directora, el patio de la escuela e inclusive fuera del inmueble.

Además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.

Los abusos, señala el informe, no se remiten a tocamientos, golpes y violación sino a obligar a los menores, la mayoría de entre tres y cinco años de edad, a presenciar actos sexuales entre dos o más adultos.

Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos (que eran realizados a modo de juego)”, indica el informe.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. denuncia también que en ocasiones los menores de edad son sacados de la escuela durante las horas de clase y llevados a otros planteles o inmuebles para perpetrar los abusos.

Margarita Griesbach, directora de la ODI, expuso que se está frente a una ‘criminalidad compleja’ ante la cual se requiere una investigación con una mirada amplia.

Hay una incompetencia en términos de profesionalización en la selección de docentes, en los expedientes, en el resguardo institucional, o es doloso y hay encubrimiento”, opinó en entrevista con El Universal.

CON INFORMACIÓN DEL UNIVERSAL.

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