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Gobierno de Morelos no genera las condiciones de seguridad; personal cesado de la Fiscalía Anticorrupción irrumpe armados a la CDHM

Personal cesado de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos irrumpió armado en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad para exigir un expediente, acusó el Ombudsperson estatal, Israel Hernández.

«Este organismo público autónomo hace un llamado enérgico a las autoridades del Poder Ejecutivo, particularmente a las responsables de generar las condiciones de orden, paz y seguridad pública, exigiéndoles que adopten todas las medidas a su alcance hasta lograr que en todo el territorio de Morelos no existan autoridades de facto y mucho menos armadas, con las que sorprenden lo mismo a civiles que a las instituciones», acusó Hernández.

La irrupción de los ex agentes de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) se registró ayer en las instalaciones de la Comisión, encabezados por Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, quien se ostentó como Fiscal de Delitos Diversos.

«Requirió en dos ocasiones que se le pusiera inmediatamente a la vista información relacionada con el mismo expediente de queja, así como la práctica de otras diligencias», reclamó el Ombudsperson estatal.

El expediente se refiere a la irrupción, también, de ex servidores públicos de la FECC y elementos de la Comisión de Seguridad Pública Estatal (CES) a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 21 de septiembre, en el que hubo personal administrativo retenido de manera ilegal e incluso agredido por los uniformados.

Desde el 16 de octubre pasado, recordó la Comisión de Derechos Humanos, María Elena Luengas Páez, quien se presentó como Agente del Ministerio Público, adscrita a la FECC, solicitó información de ese expediente de queja.

Como parte de este asunto, el organismo solicitó al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Isaías Rodríguez Moreno, si continúan vigentes los nombramientos Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova y María Elena Luengas Páez como ministerios públicos de esa dependencia.

La FECC informó que ambos fueron cesados como ministerios públicos desde el 19 de septiembre de 2023, por lo que les fue rechazada su petición de dar vista al expediente que exigieron ayer.

«Ante el evidente clima de hostilidad que hay en contra de la autonomía de la casa de los derechos humanos en Morelos y sus integrantes, esta autoridad se reserva el derecho a promover las acciones que procedan conforme al marco normativo vigente, hasta lograr que se restablezca la normalidad constitucional y la civilidad que supone vivir en un estado de derecho», advirtió Hernández.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) atraviesa por una crisis interna, pues existen dos flancos que se asumen como encargados de esa institución.

Por un lado está Isaías Rodríguez, que fue nombrado titular de la FECC por el encargado de despacho de la Fiscalía General de Morelos, Carlos Montes Tello, mientras Uriel Carmona estaba privado de su libertad el mes pasado.

Sin embargo, la FECC también es peleada por Edgar Núñez Urquiza, quien era Vicefiscal y fue destituido por Montes Tello tras acusar a Carmona por tortura.

Núñez tiene el apoyo del Estado, que le proporciona una guardia de la Policía Estatal en la FECC desde septiembre.

La fracción que encabeza Núñez defendió la diligencia efectuada ayer en la CDHM para solicitar, por tercera ocasión, su colaboración para el esclarecimiento de hechos relacionados con «una investigación».

«En estricto apego a derecho, agentes del Ministerio Público de la FECC se presentaron a la CDHM, ya que desde hace semanas se requirió al organismo para que suministrara la información requerida, en términos de lo que establece el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere que, ‘en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables'», anotó en un comunicado.

Para el sector que encabeza Núñez dentro de la FECC, la CDHM ha incurrido en una conducta que podría ser constitutiva de encubrimiento al ocultar información y no responder en tiempo y forma la solicitud.

«Por este motivo, se hace un llamado a la Comisión de Derechos Humanos para que no exista un bloqueo institucional y evite mal informar a la ciudadanía respecto a la diligencia realizada, ya que en ningún momento se actuó fuera de la Ley», añadió.

La CDHM desatendió ese llamado de Núñez Urquiza, quien junto con sus colaboradores, fue cesado el pasado 19 de septiembre.

REFORMA.

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