• Se les identifica como los probables responsables del secuestro del hermano de una Legisladora en Morelos
• Despliegue táctico a cargo de AIC-UECS en San Luis Potosí permitió su captura en cumplimiento a una orden de aprehensión
• Uno de ellos es ex policía municipal
La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Eudis “N” y María Guadalupe “N”, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de una víctima del sexo masculino, que fue privada de la libertad y durante su cautiverio, privada de la vida, mientras su familia recibió la exigencia de una suma de dinero para su liberación.
Lo anterior, luego de que en el mes de abril se iniciara la investigación correspondiente, logrando establecer la identidad de los probables responsables identificados como María Guadalupe “N” de 39 años y Eudis “N” de 42 años de edad, este último con registro de haber sido policía municipal en San Luis Potosí, obteniéndose en su contra las respectivas órdenes de aprehensión.
Trabajos de inteligencia a cargo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Antisecuestro (AIC-UECS) permitieron identificar el lugar donde los probables responsables se estaban ocultando, localizándoles en el municipio de Cárdenas, en el estado de San Luis Potosí, después de cometer el delito.
En dicha región se desplegó un operativo certero a cargo de los elementos AIC-UECS en coordinación con el personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y su Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), se logró la detención de ambos objetivos.
Una vez capturados, María Guadalupe “N” y Eudis “N” fueron trasladados vía terrestre hasta el Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos” en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, en donde quedaron a disposición del Juez de Control quien este martes dictó un auto de vinculación a proceso en su contra, concediendo un plazo de investigación complementaria de cinco meses.
La Fiscalía General del Estado de Morelos refuerza las acciones de atención para el combate a la impunidad, a través del trabajo desarrollado por las Fiscalías regionales y especializadas, para garantizar el acceso a la procuración de justicia a las víctimas en la entidad.