En la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) “operaban redes de corrupción donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia”, reveló el titular de ese órgano, Alejandro Svarch Pérez.
Esto debido a la lógica permisiva que imperó en México por décadas, lo que permitió que la agencia se convirtiera en “un espacio donde intereses perversos confluían con mucha naturalidad en su día a día”.
La relevancia de esta agencia es de tal magnitud, que de cada diez pesos que se gastan en el país, 4.5 de ellos son en productos regulados por ella misma. Así, agregó el funcionario “empresas deshonestas marcaban la pauta para la creación de las reglas de un juego favorable a sus bolsillos, todo ello en detrimento de la salud de los mexicanos”.
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Cofepris detalló que durante más de 20 años la corrupción operó en tres niveles a los que ubicó como sótanos de oscuridad:
El primero era el manejo discrecional de las solicitudes de las empresas, el segundo fue una vigilancia basada en la extorsión y el último se realizaba con una operación directa de la corrupción.
En el “primer sótano de corrupción”, detalló, existía un área dedicada a desviar el ingreso de solicitudes “bajo una lógica del que paga manda”. Se trataba de una sofisticada estructura controlada desde una oficina centralizada que administraba los ingresos de forma discrecional a través de extorsiones a los solicitantes.
La práctica era: “O paganas o tu solicitud estaba condenada al olvido”, lo cual permitía, agregó, la creación de monopolios farmacéuticos artificiales, el acceso a medicamentos estaba a la venta del mejor postor.
“El que pagaba más podía asegurar ganancias millonarias o multimillonarias debido a la falta de competencia en el mercado. El mal manejo administrativo, caracterizado por la discrecionalidad y la falta de claridad en los procedimientos, abrió un nicho de mercado que fue aprovechado por despachos de gestoría, coyotes, que sangraban a las empresas bajo la promesa de lograr que sus trámites fueran aprobados.
Para contrarrestar esos actos de corrupción que se daban al interior del organismo, dijo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) se realizaron diversas acciones con las que se logró la identificación de los procesos irregulares y hasta ahora se ha removido a 32 funcionarios que van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, “cuyo único propósito era enriquecerse a consta del gobierno y en detrimento de la salud de los mexicanos”.
Este personal que se detectó incurría en actos de corrupción, fue sustituido por otros que pasaron estrictas pruebas y exámenes de confianza en dicha unidad de la Semar, además que se colocó en posiciones estratégicas a personal de Marina
