Las impugnaciones al Plan B electoral que se aprobó en el Congreso de la Unión en diciembre pasado y los amparos que han interpuesto organizaciones civiles para frenar la militarización de la seguridad pública, serán la primera prueba para la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Legisladores de oposición impulsaán acciones de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B que promovió el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras el rechazo a su reforma electoral, de modo que estos recursos serán parte de los temas que tendrá que discutir el pleno de la Corte en 2023.
Diversos actores, incluido Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguran que el paquete de reformas a leyes secundarias que acotan al Instituto Nacional Electoral (INE) contiene varias cuestiones que contravienen la Constitución mexicana.
Ministros afines al presidente López Obrador, como Loretta Ortiz Alfh y Yasmín Esquivel Mossa se han pronunciado a favor de la reforma electoral y de reducir los costos del sistema electoral mexicano, no obstante, será el máximo tribunal del país en pleno, el que que tenga la última palabra sobre la reforma electoral que fue avalada por la Cámara de Diputados y de Senadores con diversos cambios, entre ellos, la reducción del presupuesto del INE y su cambio de nombre, así como la reducción de su personal en todo el territorio nacional.
Por otro lado, cabe recordar que Norma Piña ha votado, en su mayoría, en contra de lo propuesto por el titular del Ejecutivo Federal, sin embargo, sin embargo, sobre la controversia constitucional que pretendía frenar el uso del Ejército para labores de seguridad pública en México hasta 2024, la hoy magistrada presidenta votó a favor del proyecto en noviembre pasado, lo que permitió extender la facultad de los militares hasta este año.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA.