La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hoy ordenar al Gobierno federal revivir el fideicomiso del Fondo contra el Cambio Climático, uno de los muchos que fueron eliminados por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por tres votos contra dos, la Segunda Sala de la Corte desechó un proyecto que amparaba al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), contra la reforma de noviembre de 2020 a la Ley General contra Cambio Climático, que fue parte del paquete aprobado por el Congreso para extinguir 109 fideicomisos que habían sido creados a nivel legislativo.
López Obrador alegó que había opacidad y corrupción en el manejo de fideicomisos, figura que permite financiar proyectos de largo plazo sin sujetarse a los obstáculos políticos y reglas de anualidad del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Si bien no hubo discusión pública en la Sala, fuentes judiciales informaron que la mayoría considera que el Poder Legislativo tiene libertad para establecer este tipo de políticas públicas en fideicomisos, o en el PEF, como ahora está haciendo el Gobierno en este y otros temas.
Luego de la votación de hoy, el amparo del Cemda fue returnado a la Ministra Yasmín Esquivel, quien deberá presentar un nuevo proyecto con la postura de la mayoría, en fecha por definir.
«Es inexacto que el fideicomiso del fondo para el cambio climático operaba bajo un régimen opaco y de discrecionalidad, pues en realidad cuenta con mecanismos de rendición de cuentas previstos en las reglas de operación», decía el proyecto desechado, presentado por el Ministro Luis María Aguilar, que solo apoyó Alberto Pérez Dayán.
También sostenía que fue una medida regresiva en perjuicio del derecho a un medio ambiente sano.
«El legislador optó por un mecanismo menos adecuado para garantizar la subsistencia de los recursos encaminados a mitigar los efectos del cambio climático, pues al hacerlos depender del PEF, su asignación depende de diversas variables como la cantidad de recursos recaudados, la agenda de la administración en turno o, incluso, presiones políticas que pudieran reflejarse en una reducción del presupuesto asignado», se agregaba en el proyecto.
Al cierre de septiembre de 2022, la extinción de este fideicomiso tenía 75 por ciento de avance.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se habían devuelto 99.2 millones de pesos a la Tesorería de la Federación y 18.4 millones de pesos que prestó el Banco Mundial.
Desde finales de 2020, está pendiente en la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez una acción de inconstitucionalidad que impugna todas las reformas legales para eliminar 109 fideicomisos, pero hasta ahora el asunto no aparece en la lista para sesión del Pleno.
La postura de la mayoría hoy en la Segunda Sala indica que es poco probable que el Pleno juntará los ocho votos necesarios para invalidar esas reformas.
El Poder Ejecutivo todavía controla 209 fideicomisos o instrumentos análogos, con saldo de 432 mil millones de pesos, y el actual Gobierno ha creado por lo menos cuatro, entre ellos dos para las secretarías de Defensa Nacional y Marina.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.