El presidente firma un decreto para blindar un área natural protegida de más de 2.200 hectáreas a las afueras de Tulum.
Desde que el movimiento ecologista en contra del Tren Maya tomó fuerza a principios de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas asegurando que se crearían nuevas reservas naturales en la península de Yucatán. Este miércoles, en medio de una escalada de tensión por el reinicio de las obras del tramo 5 pese a las órdenes judiciales de suspenderlas, el mandatario ofreció el prometido bálsamo: la creación del área natural protegida Jaguar, a las afueras de Tulum. Con una extensión de 2.249 hectáreas, por encima de las 1.000 hectáreas de las que se hablaba hace meses, la reserva busca fortalecer “la conectividad entre áreas naturales protegidas y otros sitios con poblaciones de jaguar”, dice el decreto. Y, de paso, tratar de contrarrestar los impactos de la construcción del ferrocarril.
El parque se lleva perfilando desde enero, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó el proyecto para su creación. Entonces el titular de esa institución, Román Meyer Falcón, aseguró que con él se buscaba “detener el crecimiento urbano desmedido, particularmente en la ciudad de Tulum y de otras zonas aledañas”. El decreto publicado este miércoles detalla que el área se dividirá en dos polígonos: uno con mayor nivel de protección, de 1.967 hectáreas y más alejado de la ciudad de Tulum, y otro de 282 hectáreas, en el que se permiten más actividades – como la “construcción de infraestructura pública”-, situado muy cerca de las famosas ruinas arqueológicas a orillas del Caribe.
La nueva reserva será una de las más pequeñas de Quintana Roo, muy lejos de las principales áreas naturales protegidas de ese Estado, como la de Sian Ka’an, de más de 528.000 hectáreas, o la de Yum Balam, en la isla de Holbox, de 154.000, según los datos del Gobierno estatal. En cualquier caso, la secretaria de Medio Ambiente, Maria Luisa Albores, destacó en un mensaje a medios este miércoles que se trata de un “regalo para los mexicanos” que demuestra “el compromiso de nuestro presidente” con la conservación del medio ambiente. En la conferencia, en la que no se admitieron preguntas, Albores pasó lista a las tres áreas naturales protegidas que se han creado en el mandato de López Obrador para después zanjar: “En la Cuarta Transformación producimos bienestar protegiendo territorios”.
El parque servirá como “un puente para que los jaguares y otras especies (…) se muevan libremente”, dice el decreto. El problema, advierten los ambientalistas de la zona, es que estará cercado por una barda perimetral que dificultará el paso del gran felino de América. “Los grandes carnívoros como el jaguar requieren corredores biológicos para que sus poblaciones tengan viabilidad genética. Necesitan áreas conectadas, no zonas cercadas con una valla que impide que se muevan”, dice Raúl Padilla, de la organización conservacionista Jaguar Wildlife Center. Cuando se presentó el proyecto a principios de año, se dijo que la cerca buscaba “evitar invasiones futuras” y que el parque contaría con pasos de fauna, aunque hasta ahora no hay más detalles. Padilla teme que no se hagan o que no sean adecuados para el jaguar, que necesita amplios caminos elevados con vegetación para sortear las fronteras que le va poniendo el ser humano.
Además del felino, en la zona protegida se encuentran 81 especies de animales amenazadas como el mono araña, la iguana espinosa rayada o la tortuga gravada, así como 400 especies de plantas. Bajo el suelo se esconden, como en toda esa región por la que pasará el tren, ríos subterráneos, cuevas y cenotes que forman parte del gran acuífero maya, la mayor reserva de agua dulce del país. La existencia de ese laberinto subterráneo ha sido, precisamente, la principal piedra en el camino del tramo 5 del Tren Maya. Un grupo de buzos preocupados por ese ecosistema presentó una demanda que llevó en abril pasado a que un juez ordenase la suspensión de las obras. Desde entonces, ese tramo había estado en el aire.
Pero el Gobierno anunció el pasado 18 de julio la reanudación de las obras, argumentando que se trata de un proyecto de “seguridad nacional”. La tensión ha ido en aumento y ha escalado de un debate sobre los impactos ambientales del proyecto a un pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Días después, el juez ratificó su decisión de mantener suspendidas las obras y ordenó nuevamente al Gobierno que frenase la construcción, pero las máquinas siguen trabajando en la zona. El anuncio de este miércoles parece un intento por convencer al juez que el Gobierno pondrá de su parte para compensar los efectos de la construcción del tren entre Cancún y Tulum, que ya ha deforestado decenas de hectáreas de selva bien conservada y ha dejado al descubierto la entrada a grandes cavernas como la de “Avispa enojada”.
Información redactada por: Teresa de Miguel para El País