En el cruce fronterizo hacia Brownsville, Texas, una línea de casas de campaña y techos de hule se extiende a lo largo del Río Bravo con migrantes que ahora deben esperar desde ahí la respuesta de Estados Unidos a su solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One.
Gregoris Amarista, un venezolano de 36 años, cuenta que este fin de semana por fin, dos meses después de haber llegado a México, logró su cita.
«Viajé con mi familia, con alrededor de ocho; ellos cruzaron por el río y yo me quedé. O sea, decidí tomar mi cita y ya la obtuve», contó.
Amarista, quien ha sobrevivido con envíos de dinero de un conocido que ya trabaja en EU, dice que ha habido mucha confusión por el cambio en la política migratoria, una vez que terminó la vigencia del Título 42 e inició la del Título 8, que prevé sanciones más severas, pero también abre más vías para un ingreso regular.
Otros, como José Castro, venezolano de 28 años, están recién llegados al campamento del río después de pasar unos días en un albergue, de donde salió para permitir que otros pudieran descansar tras su larga travesía.
El despliegue de miles de agentes de EU y las alambradas han disuadido a los migrantes, quienes estos días no han buscado cruzar nadando el río, sino esperar.
«No están dejando entrar a nadie. Me voy a esperar porque ya me inscribí en la página a ver si me agendan para entrar legalmente», dice Claver, un joven venezolano que busca reunirse con su mamá en Texas y que, como el resto, trata de matar el tiempo como puede.
Da México tumbos en política migratoria
Al inicio de la actual Administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció atender a los migrantes y garantizarles una estancia segura y digna en el País; sin embargo, el pasado jueves, anunció que la Guardia Nacional desplegará más elementos en la frontera con Guatemala, al igual que Estados Unidos lo hizo en su frontera con México ante el fin del Título 42, para contener los flujos migratorios, lo cual se aleja de sus planteamientos iniciales.
Los nuevos elementos, cuyo número no fue precisado, se sumarán a los casi 26 mil agentes que ya participan en el «Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur», que se puso en marcha luego de las presiones ejercidas por el ex Presidente de EU, Donald Trump, quien en 2019 amagó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se contenía a los migrantes en México.
Este despliegue contrasta con lo ocurrido el 23 de enero de 2019, cuando la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió al puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y desde ese lugar ofreció empleo a los migrantes y afirmó que el Gobierno federal extendía una «mano generosa» a las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica.
Un par de semanas antes, la funcionaria había asegurado que se daría acceso ordenado y seguro a los migrantes que quisieran transitar por territorio mexicano hacia EU y para ello se les extenderían visas de residente temporal, trabajador fronterizo, solicitante de condición de refugiado, visitante por razones humanitarias, visitante regional o persona en tránsito hacia otro país.
El enfoque que pretendía dar la Administración era la de dar un trato humano y digno a los migrantes y buscar resolver de fondo el tema migratorio. Para esto último buscó convencer a EU de que invirtiera 20 mil millones de dólares en una especie de plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica que detonara el desarrollo y evitara que sus habitantes migraran en búsqueda de mejores oportunidades.
Sin embargo, las buenas intenciones duraron poco. De acuerdo con el ex Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, México aceptó fungir como un especie de tercer país seguro al acoger a los migrantes solicitantes de asilo en ese País durante el tiempo que durara su proceso.
El Canciller Marcelo Ebrard negó que México hubiera aceptado ese acuerdo; sin embargo, en los hechos, se desplegó a la Guardia Nacional y se reforzó al Instituto Nacional de Migración (INM), que endureció sus políticas de admisión e incrementó la presión sobre los migrantes, ocasionado con ello tragedias como la ocurrida el pasado 27 de marzo, en donde 40 migrantes murieron tras un incendio en una estación migratoria.
AGENCIA REFORMA.