El olfato policial, el nerviosismo de personas sospechosas o simple casualidad; en ocasiones las autoridades municipales realizan capturas de sujetos armados, incluso con pendientes con la justicia, como ocurrió el 14 de febrero de 2003.
Ese día, oficiales de Zapopan interceptaron un vehículo en el que viajaban cuatro sinaloenses en posesión de pistolas y droga. Las detenciones de este tipo no eran tan comunes entonces, pero otro elemento que le dio notoriedad al caso fue que entre los hombres estaba Jaime Ramos, un sobrino de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel del Sinaloa.
Eran cerca de las 15:30 horas, cuando Jaime y otros tres sujetos circulaban por la Avenida Patria a bordo de un automóvil Nissan Altima, en color gris.
«Se nos hizo sospechoso (el vehículo) desde el momento que vimos que eran cuatro personas y que se notaban un poco nerviosas, de inmediato les pedimos que se orillaran para molestarlos con una revisión», dijo ese día uno de los elementos captores, quien pidió el anonimato.
«Los empezamos a ver bastante nerviosos, se volteaban a ver unos con otros, por lo que decidimos mis compañeros y yo ponernos más alerta».
El grupo tenía en su poder tres revólveres Colt calibre 38 súper, 100 tiros útiles, 100 pastillas de Retrovil, así como envoltorios de cocaína y mariguana.
Las autoridades confirmaron posteriormente que con el sobrino de «El Mayo» iban Ismael Cristerna, Miguel López y Enrique Franco.
Por tratarse de un delito federal, los cuatro sujetos fueron remitidos ante la delegación en Jalisco de la FGR.
Normalmente, una persona que es detenida puede pasar entre uno y dos días en los separos hasta que se define si es llevado ante un juez, sin embargo, en este caso pasaron sólo 8 horas desde el arresto hasta que los sinaloenses cruzaron la puerta de salida.
Cuatro días después de la captura, el director entonces de la Policía de Zapopan, José Francisco Ornelas, reclamó públicamente la liberación de la banda.
«Yo creo que esta situación debe de cambiar, creo que es mucho que los policías municipales estemos arriesgando la vida detectando a este tipo de personas y allá (en la PGR), por intereses obviamente, algún efectivo de por medio, salga; no se vale que nada más le estemos engordando la cartera», afirmó el jefe policial.
«Son gente muy organizada, que seguramente venían a cometer algo muy trascendente en la ciudad».
También alzaron la voz el Alcalde de Zapopan, Macedonio Tamez Guajardo, y el Procurador de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, quienes condenaron públicamente la fácil salida de los gatilleros.
El 21 de febrero de 2003, hace justo 20 años, se dio a conocer que el Fiscal de la subdelegación de la PGR en Zapopan, Francisco González, había sido removido de su cargo ante la presunción de que aceptó un soborno para «acomodar» la averiguación previa.
Inicialmente la PGR justificó la liberación con supuestas contradicciones de los policías aprehensores.
Fuentes policiales indicaron que el Fiscal federal presuntamente recibió 85 mil dólares y negoció con los uniformados para que cambiaran de versión a cambio de 5 mil dólares.
Los oficiales asentaron en su parte que tres de los hombres tenían un arma fajada a la cintura cada uno, pero luego declararon que todo estaba en la guantera del vehículo.
Uno solo de los sinaloenses cargó con la responsabilidad de la posesión de las armas y justificó la posesión de las drogas con que era «adicto». Esto abrió la puerta para permitir que los cuatro gatilleros de «El Mayo» Zambada quedaran en libertad.
Tras el reclamo público, la PGR dijo que investigaría al Fiscal y también puso el ojo sobre los tres policías zapopanos; incluso se solicitó una orden de aprehensión en contra del primero, pero el caso se diluyó sin que alguna autoridad anunciara castigos para los responsables.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA.